De esta manera, la nueva norma sobre la inhabilitación para cargos públicos y electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.
Es decir que con la flamante ley se pretenden elevar los estándares de idoneidad y ética para candidatos y funcionarios de toda la provincia.
El texto aprobado compatibiliza tres iniciativas presentadas por legisladoras de distintos bloques: Brenda Austin, Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino, y modifica artículos de la Ley N° 9.571, Código Electoral Provincial, y de la Ley N° 9.572, Régimen Jurídico de Partidos Políticos.
“Esta nueva ley es ampliamente superadora de otras normativas existentes en el derecho público provincial y de los proyectos que orbitan en el Congreso Nacional, porque no solo abarca a los delitos de corrupción sino a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación y otras leyes especiales”, explicó Victoria Busso como miembro informante.
Además, la legisladora argumentó: “La idoneidad es una condición exigible no solo para quienes son elegidos por el pueblo o por quienes aspiran a integrar cuadros partidarios, sino que es una condición para quienes tuvieron el honor de ocupar un cargo público al servicio de los ciudadanos”.
Durante algunos tramos del debate, el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima reemplazó a Myrian Prunotto.
Finalmente, la nueva ley fue aprobada en general y en particular.
