Hay una excepción, honrosa, que ha logrado sobrevivir a la marea de descrédito: la universidad pública y el sistema científico argentino, que van de la mano.
Recientemente, dos encuestas de alcance nacional confirmaron ese dato:el último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados señaló que el 71,5 por ciento de los argentinos tienen confianza en las universidades públicas, mientras que a sólo el 26 por ciento le genera desconfianza. El Conicet está detrás, con el 64,3% de imagen positiva y el 27,5 de negativa. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ha logrado mantenerse ahí, entre las instituciones que despiertan confianza y hasta orgullo, a pesar de la campaña de desprestigio y hasta ridiculización que el gobierno de Javier Milei ha encarado desde el primer minuto de su gestión. En el podio, entre las universidades públicas y el Conicet, en segundo lugar se ubica la salud pública, con el 71,2% de nivel de confianza.
Bastante abajo aparecen las universidades privadas, que tienen el 56,4% de imagen positiva. En Argentina, las escuelas primarias y secundarias privadas han conseguido desbancar a las públicas, pero en la educación superior esa ecuación continúa invertida.
Otra encuesta, de la consultora Escenarios que integra el politólogo cordobés Federico Zapata, también pone al tope de las instituciones a las universidades públicas, con un 52,77% de imagen positiva y un diferencial a favor del 34,54%. Ninguna se le acerca.
Cualquier dirigente político lo pensaría dos veces antes de ensayar un enfrentamiento con el actor social que mejor imagen tiene en el electorado. Sin embargo, el gobierno de Milei también es excéntrico en ese punto:ha iniciado una cruzada no sólo para desfinanciar a las universidades sino para deslegitimarlas socialmente.
En el plano de la realidad, no en esa maraña de argumentos engañosos a los que recurre el oficialismo nacional, las transferencias a las universidades públicas han caído un 30,1% en términos reales en lo que va del año. El descenso es catastrófico y muestra a un Estado empeñado en desfinanciar la educación superior y la investigación científica. Si Milei sigue pretendiendo que el país se convierta en una potencia mundial comoAlemania, está yendo en el sentido exactamente contrario.
¿Pero cuál es la razón política para elegir como adversario a las universidades públicas, a una institución que despierta confianza?Tal vez no haya que buscar explicaciones en el terreno de la conveniencia política, de la especulación, sino en el plano ideológico. El gobierno de Milei abomina de la educación pública en sí, como concepto. No considera que sea un terreno en el que deba intervenir el Estado. El propio presidente lo dejó claro en el discurso que leyó a los tumbos en el Congreso al presentar el Presupuesto 2025:no incluyó a la educación como una obligación indelegable del Estado y, por lo tanto, la relegó al lote de acciones que pueden y, fundamentalmente, deben quedar en manos del mercado.
Pero para conseguir ese objetivo de Milei es necesario complementar la asfixia presupuestaria en el plano del sentido. El oficialismo desprecia a la universidad pública y gratuita; el problema es que gobierna una sociedad que piensa, en ese aspecto puntual, exactamente lo contrario. Por lo tanto, desde La Libertad Avanza desciende un mensaje que persigue el objetivo de que la gente empiece a sentir por el sistema universitario la misma repulsión que le genera al imaginario libertario. Y la lógica que se está usando desde el poder para tratar de conseguir esa meta opera de manera similar a la metodología de los trolls que tanto le gustan a Milei:no importa demasiado si lo que se dice es veraz o no sino el efecto acumulativo que puede causar una serie de falsedades.
Por eso, el ConsejoInteruniversitario Nacional, que integran todos los rectores del país, se vio obligado a emitir un documento para desmentir los datos inexactos con los que machaca el Gobierno: que se inventan alumnos para recibir más fondos, que las familias pobres no pueden enviar a sus hijos a la universidad (el 48,5% de los estudiantes están por debajo de la línea de la pobreza), que no se audita lo que gastan las casas de altos estudios, que los salarios están por encima del resto del sector público, o que la ley de financiamiento atenta contra el equilibrio fiscal (en realidad, sólo representa el 0,14% del PBI).
El Gobierno, por supuesto, desestima cada argumento porque, en realidad, la verdad le parece irrelevante. Pero incluso si fuera cierto alguno de los datos que plantea, el método de actuación del Ejecutivo es extremista y, por lo tanto, irracional:por ejemplo, aun si fuera real que hay universidades que no rinden cuentas de sus gastos, la respuesta no puede ser la descalificación absoluta. En vez de plantear que hay aspectos por corregir, el modus operandi es usar un dato para inhabilitar a todo un sistema, en este caso el universitario. Los libertarios siguen considerando que el mejor remedio en cualquier plano es la desaparición de lo público. Con el argumento de que hay que eliminar el déficit, en realidad se avanza contra todo lo estatal en sí mismo. Milei parece incapaz de explorar otros caminos para llegar al superávit.
En el fondo, el Gobierno todavía no se anima a exteriorizar qué futuro imagina para la educación superior en Argentina. Se desprende de su acción y su discurso que reprueba el actual sistema, ¿pero qué quiere a cambio?¿Habrá universidades sólo para quienes puedan pagarlas y se desbaratará la potencialidad que tiene la educación pública como herramienta de ascenso social?La respuesta se insinúa, puede entreverse, pero Milei aún no parece considerarse lo suficientemente fuerte como para tratar de avanzar en ese debate.
Ahora, por lo pronto, el miércoles se empezará a definir la suerte del veto que el jefe de Estado firmó horas después de que cientos de miles de argentinos salieran a las calles a reclamar por el financiamiento universitario. El panorama en Diputados no aparece claro aunque, por supuesto, las negociaciones están en marcha.
Una de las incógnitas es cómo actuará el radicalismo:¿volverá a quebrarse, lo que fue funcional al gobierno en la pelea por la fórmula jubilatoria?La diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning declaró que al menos dos de los anteriores conversos -Luis Picat y Mariano Campero- volverían a responder gustosos a los requerimientos del Ejecutivo.
En el debate universitario, el peronismo cordobés encontró otra manera de diferenciarse a dos puntas. Por un lado reafirmó que votará en contra del veto y a favor de las universidades pero, a la vez, en cada pronunciamiento público, que hicieron tanto Martín Llaryora comoJuan Schiaretti y los legisladores, remarcaron que se debe garantizar la transparencia en el manejo de los fondos. Es decir, ni del lado del Gobierno ni en la vereda del kirchnerismo. El PJ provincial trata de escaparle a cualquier acto o declaración que lo instale junto a las posiciones de Cristina Fernández y su disminuida tropa: a su juicio, reclamar transparencia es estar en las antípodas de la expresidenta.
Esa postura del peronismo cordobés es parte de la exploración que está volviendo a intentar -como hizo en la última elección presidencial- de generar una tercera vía que no lo sitúe ni en el mileísmo ni en el kirchnerismo. Está más lejos de uno que de otro pero la pretensión es ir conformando una opción electoral de alcance federal, con otros actores y otras fuerzas, que comience a expresarse en 2025 y se afiance en 2027. La hipótesis que guía esa estrategia es que después de los años que se están viviendo habrá un ansia de racionalidad.
