Tras pasar la noche detenido en la sede de la Prefectura Naval, el abogado Marcelo D’Alessio fue trasladado al Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Dolores para prestar declaración indagatoria ante el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa que lo investiga por la presunta extorsión a un empresario agropecuario y en la que está involucrado el fiscal Carlos Stornelli.
El letrado fue detenido el pasado viernes en su casa del barrio cerrado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, y está acusado de pedirle 300 mil dólares al empresario agropecuario Pedro Etchebest para "borrarlo" de una presunta vinculación con la causa de los cuadernos, alegando su vínculo con el integrante del Ministerio Público.
"Según lo que establece la ley, el juez tiene 24 horas para indagarlo. Después tiene diez días para que se expida respecto de si lo procesa, le da falta de mérito o lo sobresee", explicó la abogada del denunciante, Natalia Salvo.
“No está loco”
En declaraciones a Radio 10, la letrada remarcó que "D’Alessio no es una persona improvisada, no está loco, es un engranaje más de algo más importante", al cuestionar así que el fiscal ha dicho que el acusado "podría ser un enfermo psiquiátrico".
Al mismo tiempo, la representante legal del empresario agropecuario consideró que Stornelli pretende que la causa pase a los Tribunales de Comodoro Py y cuestionó esa intención: "Cualquier ciudadano común y más aún un fiscal de la Nación se presenta ante el juzgado de la causa a manifestar su versión de los hechos y a ejercer su derecho de defensa".
En ese sentido, rechazó el posible cambio de jurisdicción y explicó que "los pagos sucedieron en la Capital Federal, pero son un desprendimiento lógico de la extorsión, es una derivación", por lo que reclamó que el expediente permanezca en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Por su parte, el presidente de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, indicó que D’Alessio "está acusado de extorsión y es uno de los delitos que está incluido en la ley del arrepentido, por lo que podría acogerse".
"El tema es que al ser el único imputado tendría que brindar información de otros imputados superiores a él en nivel de criminalidad y responsabilidad penal", analizó en diálogo con Radio La Red.
El juez, en la mira
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, una de las denunciantes de D’Alessio, dijo que "la Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias" y manifestó su desconfianza respecto del juez Ramos Padilla "por ser un confeso kirchnerista".
"La Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias porque esto fue una maniobra para hacer creer que todo es oscuro, que los jueces y fiscales son corruptos, para desacreditar la causa", precisó Oliveto en diálogo con Radio Mitre.
"Nosotros tenemos una gran desconfianza respecto del juez por ser un confeso kirchnerista", resaltó.
Según la legisladora, "la denuncia contra el fiscal, a nuestro entender, fue una operación".
Por otra parte, señaló que no le queda claro "si el empresario agropecuario Echebest es parte de la maniobra o actuó de buena fe".
Asimismo, Oliveto insistió en que "un grupo de presos K" estuvo detrás de la "maniobra".
Recordó que la Coalición Cívica "tuvo acceso a unas escuchas que hablan de un conocimiento previo por parte de un grupo de dirigentes kichneristas encabezados por (el exfuncionario) Roberto Baratta desde la cárcel".
"En el diálogo estaba Baratta con una persona de su confianza", relató la legisladora, en referencia a la denuncia que presentaron esta semana los legisladores que responden a Elisa Carrió.
"Estos sobres nos vinieron el día previo a que Horacio Verbitsky escribiera la información en su portal", añadió, en alusión a la nota que difundió la denuncia contra Stornelli en El Cohete a la Luna.
"Según lo que establece la ley, el juez tiene 24 horas para indagarlo. Después tiene diez días para que se expida respecto de si lo procesa, le da falta de mérito o lo sobresee", explicó la abogada del denunciante, Natalia Salvo.
“No está loco”
En declaraciones a Radio 10, la letrada remarcó que "D’Alessio no es una persona improvisada, no está loco, es un engranaje más de algo más importante", al cuestionar así que el fiscal ha dicho que el acusado "podría ser un enfermo psiquiátrico".
Al mismo tiempo, la representante legal del empresario agropecuario consideró que Stornelli pretende que la causa pase a los Tribunales de Comodoro Py y cuestionó esa intención: "Cualquier ciudadano común y más aún un fiscal de la Nación se presenta ante el juzgado de la causa a manifestar su versión de los hechos y a ejercer su derecho de defensa".
En ese sentido, rechazó el posible cambio de jurisdicción y explicó que "los pagos sucedieron en la Capital Federal, pero son un desprendimiento lógico de la extorsión, es una derivación", por lo que reclamó que el expediente permanezca en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Por su parte, el presidente de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, indicó que D’Alessio "está acusado de extorsión y es uno de los delitos que está incluido en la ley del arrepentido, por lo que podría acogerse".
"El tema es que al ser el único imputado tendría que brindar información de otros imputados superiores a él en nivel de criminalidad y responsabilidad penal", analizó en diálogo con Radio La Red.
El juez, en la mira
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, una de las denunciantes de D’Alessio, dijo que "la Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias" y manifestó su desconfianza respecto del juez Ramos Padilla "por ser un confeso kirchnerista".
"La Justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias porque esto fue una maniobra para hacer creer que todo es oscuro, que los jueces y fiscales son corruptos, para desacreditar la causa", precisó Oliveto en diálogo con Radio Mitre.
"Nosotros tenemos una gran desconfianza respecto del juez por ser un confeso kirchnerista", resaltó.
Según la legisladora, "la denuncia contra el fiscal, a nuestro entender, fue una operación".
Por otra parte, señaló que no le queda claro "si el empresario agropecuario Echebest es parte de la maniobra o actuó de buena fe".
Asimismo, Oliveto insistió en que "un grupo de presos K" estuvo detrás de la "maniobra".
Recordó que la Coalición Cívica "tuvo acceso a unas escuchas que hablan de un conocimiento previo por parte de un grupo de dirigentes kichneristas encabezados por (el exfuncionario) Roberto Baratta desde la cárcel".
"En el diálogo estaba Baratta con una persona de su confianza", relató la legisladora, en referencia a la denuncia que presentaron esta semana los legisladores que responden a Elisa Carrió.
"Estos sobres nos vinieron el día previo a que Horacio Verbitsky escribiera la información en su portal", añadió, en alusión a la nota que difundió la denuncia contra Stornelli en El Cohete a la Luna.
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